Reproducimos íntegramente a continuación, por su interés, el artículo publicado en el diario EXPANSIÓN el día 10-10-2007 por Aurelio Alonso-Cortés bajo el título "Hacia un Estado responsable".
HACIA UN ESTADO RESPONSABLE, por Aurelio Alonso-Cortés
Al mediodía del pasado sábado 29, una televisión sorprendío con vistas de una manifestación no anunciada en los medios de comunicación. Por su tamaño y recorrido -desde Alcalá a la plaza de Colón-, parecía una de las grandes del manifestódromo que es Madrid, un modo de expresión política, extraparlamentaria pero constitucional, de que algo marcha mal. Las pancartas identificaban a los damnificados de Fórum-Afinsa, aquella inversión filatélica cuya intervención por el Gobierno en 2005 perturbó a más de 450.000 familias. Me recordó un conflicto disimulado pero no olvidado.
EXPANSIÓN de 8 de octubre lo sacaba a la luz, con foto de la manifestación incluida, destacando de modo peyorativo que los afectados "pellizcan 24 millones de euros a las cuentas del Estado" a través del Instituto Nacional del Consumo. Recordaba, además, que están en curso dos clases de reclamaciones judiciales, la penal y la mercantil. Para mí son vías de mal pronóstico en las que los damnificados pueden terminar "sin plumas y cacareando" a diferencia de una tercera, posible y más eficaz, como es el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado.
¿Usaría usted, amiga y amigo lector, la vía penal contra los administradores de Fórum Filatélico y Afinsa sabiendo que, si no escapan por los entresijos de la presunción de inocencia y son condenados por haberse lucrado, carecen de solvencia bastante para atender el reintegro de los casi 4.000 millones de euros defraudados? ¿Confiaría usted en que fuera condenada al mismo tiempo alguna autoridad o funcionario, lo que atraería la responsabilidad subsidiaria del solvente Estado? ¿Y quién espera obtener el total reintegro en el juicio mercantil seguido para la liquidación de ambas sociedades mediante la venta en subasta de los stocks de sellos?
La Fiscalía Anticorrupción alerta ahora de que, visto el estado financiero de Fórum y Afinsa, la mayoría de clientes no podrán recuperar buena parte de su dinero. Lo peor es que al haber pasado entre dimes y diretes el plazo de un año, muchos no podrán ya fundar su demanda en la Ley 30/1992 que desarrolla el artículo 106 de la Constitución sobre responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento -normal o anormal- de los servicios públicos. Es el juiciio, compatible con el proceso penal y mercantil, seguido por la asociación de consumidores Ausbanc, al parecer de modo aislado.
Responsabilidad patrimonial del Estado
Según el artículo 139 de la citada ley 30/1992, el Estado pagará los "desperfectos" si se demuestra no sólo la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento -o no funcionamiento- del servicio público, sino también la cuantía de los daños e indemnización. Excluye de ésta los casos de fuerza mayor y la existencia de un deber jurídico de soportar el daño, que no parecen concurrir.
Hay "causalidad" -relación de causa y efecto- por cuanto el Ministerio de Sanidad y Consumo tenía a su cargo el control del mercado de "bienes tangibles" que incluye el de la comercialización de sellos. Así lo ha reconocido en un tríptico editado en 2005. A mayor abundamiento, el Gobierno tenía la obligación de promover la regulación de esta clase de bienes, un mandato establecido en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva de 2003. El hecho de estar actualmente en trámite el proyecto de ley demuestra por sí solo el retraso en cumplir tal obligación. Y aunque no es necesario demostrar negligencia gubernativa, pudiera coexistir además una culpa in vigilando del Ministerio por deficiencias de supervisión. Este caso de escuela pasará a los libros de Derecho como la mayor reclamación contra el Estado en España por daños causados por el funcionamiento de un servicio. Las demandas en base a la Ley 30/1992 se están generalizando impulsadas por la favorable jurisprudencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, jurisdicción a la que han acudido los filatélicos mejor orientados. Es el modo de meter en vereda a una Administración Pública indolente, indemnizando errores judiciales y de la sanidad pública, daños por accidentes de circulación e incendios forestales debidos al estado de las carreteras y escaso mantenimiento de los bosques. La concesión de créditos de hasta 3.000 euros para atender a los afectados por Fórum-Afinsa se justifica en el "principio de solidaridad" y la duración de los pleitos de reintegro, aunque su insuficiencia y cercanía electoral eventualmente lo contamine. Lo afirmo pese a ser contrario a las ayudas públicas. No son especuladores del ladrillo o de la bolsa sino 450.000 ahorradores, muchos modestos, perjudicados por una situación catastrófica. ¿No puede ser más dañino un Ministerio inepto que el rayo o la inundación?
Harina de otro costal son las subvenciones "a cuenta" de veintitantos millones a repartir entre asociaciones "próximas" al Ministerio para "gastos derivados". Ello -aparte de minorar su independencia- sí es "pellizcar en las cuentas del Estado" tal como subrayaba la noticia dada el pasado día 8 por este periódico.
